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GCAGRUPO PERÚ AMBIENTE Y CLIMA INSTA A INTENSIFICAR ESFUERZOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS CLIMÁTICOS

Las instituciones y redes integrantes del Grupo Perú Ambiente y Clima  saludamos que numerosos países -incluyendo al Perú y Francia en una declaración conjunta-  hayan expresado su respaldo al Acuerdo de París ante el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de dicho l Acuerdo.  Para concretar este respaldo, instamos a los otros 194 países firmantes a intensificar sus esfuerzos y aumentar la ambición de sus compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación. Solo de esta forma se podrá alcanzar la meta de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados y aumentar la capacidad de adaptación, la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, respetando el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La decisión del gobierno de Trump refleja la miopía de la actual administración estadounidense que no reconoce que procesos globales como el cambio climático afectan a todos los países y no puede ser enfrentado bajo esquemas de competitividad. La administración Trump justifica su decisión con el argumento que el Acuerdo de París perjudica los intereses económicos de Estados Unidos, ya que obstaculizaría sus planes para impulsar la industria de hidrocarburos, especialmente el carbón. También denuncia que los compromisos del Acuerdo de París no han sido lo suficientemente estrictos para países como China o la India que registran emisiones GEI pero que con otros países en desarrollo exigen miles de millones de dólares de ayuda por parte de los países desarrollados.

Este razonamiento no toma en cuenta el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, que reconoce que históricamente los países desarrollados han emitido más gases de efecto invernadero para desarrollar sus economías que los países en desarrollo, y por lo tanto, no se les puede exigir lo mismo a todos los países. Al negar este principio, Estados Unidos estaría evadiendo su responsabilidad internacional en el cambio climático. Según el World Resources Institute, Estados Unidos fue el principal emisor de gases de efecto invernadero  entre 1850 y 2007, y sería responsable de 28.8% de las emisiones.

En el caso del Perú, saludamos que la Cancillería haya emitido un comunicado en el que expresa “preocupación y decepción” por el anuncio efectuado por Trump, y “refuerza la convicción de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las obligaciones de este importante instrumento internacional”, lo cual fue ratificado por el presidente Kuczynski en su reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, instamos al gobierno a mostrar mayor respaldo político en la implementación de los compromisos climáticos, especificando las responsabilidades sectoriales y territoriales en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, estableciendo incentivos y sanciones; asignando los fondos necesarios para la implementación y garantizando la participación plena y efectiva de la sociedad civil. Por su parte esperamos que Congreso de la República logre un rápido consenso para la aprobación de una Ley de Cambio Climático.

Asimismo, es esencial superar las contradicciones entre la política de promoción de inversiones relacionadas a las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) y la obligación de proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. La efectiva implementación de los compromisos climáticos requiere del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que recientemente está siendo afectada por retrocesos en las competencias del Ministerio del Ambiente en relación a temas como el Ordenamiento Territorial y los recursos hídricos. Asimismo, cabe resaltar que a nivel internacional se está cuestionando la compatibilidad entre el objetivo de limitar el aumento de temperatura del planeta y continuar con nuevos proyectos de explotación de combustibles fósiles o prácticas mineras no sostenibles. Es hora que en el Perú también se tome en serio el compromiso que renueva la Cancillería respecto a “desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional” para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París.

 

XVIII CONFERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (CONADES) 

Estimados amigos y amigas.

Les hacemos extensiva la Convocatoria Oficial a la XVIII CONADES a realizarse los días 7, 8 y 9 de julio en Lima (Parque de la Exposición).

Luego de varios años regresa la CONADES con el objetivo de contribuir a la articulación de la sociedad civil y generar propuestas programáticas para la acción. Queremos invitar a todos ustedes a ser parte de este esfuerzo.

Les pedimos compartir la información con sus miembros y organizaciones aliadas.

Por el Perú que nos merecemos: ¡ACTÚA YA! – Por justicia, igualdad y transparencia.

XVI CONADESLea toda la información de la XVIII CONADES

 

mesa-articulacion

La ANC, forma parte de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América Latina y el Caribe es un espacio de articulación de las ONG de la región. Busca formular una agenda de respuestas comunes ante los desafíos de América Latina y el Caribe, para que las ONG se confronten y dialoguen con otros actores políticos, gubernamentales y no gubernamentales, sociales y académicos.

Posicionamiento de la Mesa de Articulación de Plataformas de ONGD y Redes Regionales- CEPAL 25 de abril 2017, Ciudad de México.

Posicionamiento mesa de artiulación

27 Abril, 2017 |

La Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y El Caribe responde al llamado para participar en el Primer Foro de Países de América Latina y el Caribe, sobre el Desarrollo Sostenible, que consideramos una oportunidad para contribuir al progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional, nacional y local.

Nos reunimos en la ciudad de México para reiterar que los Estados y las instituciones intergubernamentales y multilaterales tienen la responsabilidad y compromiso de favorecer un ambiente habilitante para la participación e incidencia efectiva de las OSC, incluyendo los medios para que todas las organizaciones -hasta las más modestas- puedan traer sus voces de estos espacios.

Reconociendo que la CEPAL ha procesado un amplio marco referido a los recursos y medios para la implementación de la Agenda 2030; desde el cambio de modelo o paradigma del desarrollo, pasando por una profunda reforma fiscal y distributiva, el rediseño presupuestal y otras decisiones de política económica y social, -por su pertinencia-, pedimos a los gobiernos de la región que se comprometan a aplicarlas.

Creemos que los Foros Regionales de Desarrollo Sostenible, deben dar cuenta de lo que está pasando en nuestros países para cumplir con los 17 ODS y sus metas, respetando su carácter universal, integrado e interrelacionado, en las tres dimensiones del desarrollo sostenible reconocidos en la Agenda 2030.

Pedimos que los gobiernos instalen un sistema de implementación de la Agenda, con diversos mecanismos como consejos, comisiones o comités, que consideren la participación de la sociedad civil no solo en el seguimiento sino en la estrategia de país para la implementación en los siguientes años.

Esperamos definiciones más certeras de los organismos internacionales y la cooperación al desarrollo para movilizar los recursos financieros indispensables para la implementación de la Agenda 2030 en nuestros países.

Cuestionamos o ponemos en reserva las alianzas público-privadas que por ahora no garantizan el acceso de todas las personas a los servicios de calidad.

Demandamos eliminar los privilegios económicos (tributarios, subsidios, etc) de los sectores privados; Invertir en la erradicación de las desigualdades sociales y la igualdad de género; en la transparencia y la rendición de cuentas; Eliminar los flujos financieros ilícitos, impedir la evasión fiscal, la corrupción y las actividades criminales.

La Agenda 2030 tiene un gran valor por sus enfoques, dimensiones, alcance e integralidad, por lo que tiene sentido exigir su cumplimiento, es una herramienta política y crítica para la sociedad civil que no queremos desestimar.

En razón de esas consideraciones pedimos que:

La garantía de inclusión y participación sea un compromiso político, que la sociedad civil sea reconocida como un actor en la implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030.

No es posible implementar la Agenda 2030 sin la participación de la Sociedad Civil; pero el ejercicio del derecho de participar debe ser de manera articulada, estructurada, transparente y autónoma, garantizando la inclusión de la sociedad civil, en toda su diversidad.

Es necesario fortalecer las alianzas se sociedad civil en el territorio, para consensar las agendas. No solo debemos participar las redes nacionales, sino también aquellas que actúan en lo local.

En una perspectiva más amplia hay que recuperar los criterios y mecanismos de participación de espacios afines del Sistema de Naciones Unidas, para mejorar sus facultades y que reflejen la diversidad de actores, temas y agendas sociales.

Es importante reiterar que no solo importa lo que ocurra el “día de la Participación de la sociedad civil en los Foros”, sino asegurar un proceso de seguimiento y permanente de participación, entre cada Foro. Tener foros previos. Además de saber cómo se operativizan los acuerdos de los Foros.

Como sociedad civil nos asiste el derecho y la responsabilidad de hacer un seguimiento crítico y propositivo. En efecto nos interesa dar seguimiento a la implementación de los ODS, pero desde una perspectiva de sociedad civil, más allá de la responsabilidad de los gobiernos de transparentar y entregar cuentas de los progresos de la Agenda 2030.

Nos parece muy importante el reconocimiento de las expresiones regionales y nacionales participantes como la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de ALyC en estos foros.

Desde la Mesa nos comprometemos a construir y fortalecer coaliciones para democratizar los debates sobre el cumplimiento de los ODS en nuestros países y ofrecer opciones novedosas para divulgar la Agenda 2030 entre las organizaciones sociales locales y comunitarias.

Ratificamos nuestro compromiso –como sociedad civil y parte de una instancia regional- de impulsar estrategias de participación diversas, tanto en el ámbito del seguimiento y la evaluación, como en la estrategia de país en la implementación oportuna, armonizada, participativa y propositiva para promover políticas públicas garantes de los derechos humanos de todas las personas.

PRONUNCIAMIENTO

ANC

POR UN PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LA TRANSPARENCIA Y LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAS

Frente a la presentación y debate del proyecto de “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios”, nos dirigimos al Gobierno Central, al Congreso de la República y opinión pública para señalar la urgente necesidad de un proceso de reconstrucción democrático, que garantice el fortalecimiento de nuestras instituciones y se desarrolle en el marco de la transparencia, inclusión y participación ciudadanas.

  1. El impacto de los desastres naturales y la magnitud de daños sufridos en el país nos plantean el reto urgente de implementar un proceso de reconstrucción que nos permita minimizar o superar nuestras vulnerabilidades, sociales, culturales e institucionales. En este sentido el mandato de la reconstrucción implica también el fortalecimiento de las instituciones estatales y sociales para que en adelante se garantice una intervención pronta, oportuna y eficaz, con los instrumentos necesarios para la gestión de los riesgos, considerando los escenarios de cambio climático, y escenarios de riesgo sísmico, entre otros.
  2. La propuesta de Ley de reconstrucción está orientada básicamente a la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de infraestructura a través de una entidad ad-hoc altamente centralizada en el poder ejecutivo que puede debilitar la institucionalidad estatal y los mecanismos de control existentes, limitando, entre otros, las facultades de la Contraloría General de la República, de los Gobiernos regionales y locales, y/o de mecanismos previstos para enfrentar situaciones de desastres como es elSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
  3. Con el fin de facilitar la participación e inversión privada, la propuesta de Ley de reconstrucción plantea una vez más la simplificación y exoneración de los procesos administrativos vía Decreto Supremo y con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. No considera la experiencia y aprendizajes producidos a partir de los recientes y graves hechos de corrupción que han revelado la relación existente entre la flexibilización administrativa y corrupción. En este sentido, el debilitamiento y tercerización de los mecanismos de control que subyacen a la propuesta se orientan a privatizar una reconstrucción que podría abrir peligrosamente las puertas a nuevos hechos de corrupción.
  4. La propuesta de Ley coloca en situación de riesgo los territorios y derechos de los pueblos indígenas al pretender que la acogida de damnificados en estos territorios no se dará fuera del marco temporal de 12 meses, sin considerar los intereses de inversionistas privados y especuladores sobre estos territorios. En este sentido el poder ejecutivo omite su obligación de resolver la problemática de titulación de estas tierras y asume que todas las tierras y predios son de libre disposición, generando inseguridad jurídica y abriendo la posibilidad a nuevos conflictos sociales entre indígenas, damnificados, empresas y traficantes de tierras.
  5. La propuesta de rehabilitación y reconstrucción debe centrarse en el sujeto humano y la integralidad de sus derechos para ir más allá de un proceso que privilegie únicamente la inversión privada y la construcción de obras. En este sentido es valorable la incorporación del Acuerdo Nacional como mecanismo frente al cual se rendirán cuentas pero resulta insuficiente, se debe considerar la amplia participación e involucramiento de las y los ciudadanos en los distintos niveles de gobernanza nacional, regionales y locales. Asimismo se debe incorporar a los sectores del ejecutivo que trabajan directamente con las mujeres y las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MINMPV), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de Cultura (MINCUL). Debe prever también la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas de carácter permanente, eficiente y accesible al conjunto de las y los ciudadanos.

A partir de lo señalado, demandamos al Congreso de la República ampliar el proceso de consulta y recepción de aportes para una propuesta de Ley que fortalezca nuestra institucionalidad y garantice la no corrupción, incorporando las recomendaciones y propuestas de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y los alcanzados por las diferentes organizaciones y plataformas de sociedad civil.  

 Asociación Nacional de Centros (ANC)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

 Lima, 24 de abril del 2017

Decreto Supremo 009 – 2017 – MIDIS

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Decreto Supremo que establece disposiciones para la participación de los Comedores Populares en la asistencia alimentaria temporal y gratuita a las personas damnificadas por las emergencias producidas por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados

DECRETO SUPREMO  Nº 009-2017-MIDIS

DS COMEDORES (1)

ODS 2030

La contribución de la banca pública de desarrollo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe. 

Resumen:
Este documento analiza el papel de los bancos nacionales de desarrollo (BND) en la financiación y la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible e informa a los BNDs sobre las oportunidades y desafíos estratégicos que se les presentan para posicionarse. Fue elaborada por la División de Mercados de Capitales e Instituciones Financieras (IFD/CMF) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).

La banca publica y los ODS 2030

 Sin título

Las discretas reuniones en lima del operador de Mossack Fonseca

Comparto el especial que acabamos de publicar en Convoca sobre cómo nos afecta el sistema de los operadores financieros y las empresas offshore que desarman el esquema tributario en Perú y agravan la desigualdad. http://convoca.pe/especiales/ilusionfiscal/
En esta primera entrega publicamos en exclusiva y en alianza con el diario La República, las reuniones discretas con estudios de abogados de Lima de Edison Teano, el hombre clave del bufete panameño Mossack Fonseca, hoy preso por blanqueamiento de capitales en el caso Lava Jato. Teano se encargaba de promocionar los nuevos productos y servicios de su estudio jurídico para ocultar fortunas y evadir impuestos. Varios de estos bufete constituyeron para empresas mineras, petroleras y pesqueras decenas de offshore y también trabajaron para Odebrecht, investigada por el pago de sobornos. Aquí la historia:https://goo.gl/YK3snk
También hemos publicado un informe que narra cómo se usan las compañías offshore para lavar dinero y pagar sobornos. https://goo.gl/qO6aIG y un podcast de Convoca Radio sobre cómo afectan el uso de las offshore a los ciudadanos http://pe.ivoox.com/es/que-es-empresa-offshore-como-opera-audios-mp3_rf_17718721_1.html
Ojalá nos puedan ayudar a difundir.
Saludos cordiales,
Milagros

 

Milagros Salazar

Directora

Celular: +511 999575705
Skype: milagros.salazar.herrera